El Gobierno de Javier Milei quiere controlar los gastos y la cantidad de alumnos de las casas de estudios superiores, en medio de un conflicto por el presupuesto y los salarios docentes.
El presidente de Argentina, Javier Milei, afronta una puja con las universidades nacionales por el presupuesto asignado al sector, y en ese marco ha ordenado intensificar los controles por medio de auditorías.
La gestión del libertario sostiene que las autoridades de las instituciones públicas de estudios superiores hacen un manejo discrecional de los recursos, y esa «falta de control de gastos hace imprescindible que los mismos sean revisados».
La disputa se da en el marco de las protestas de la comunidad educativa, que tuvo su ápice en la gran manifestación del miércoles pasado contra el veto de Milei a la ley que pretendía actualizar el presupuesto. A pesar del reclamo, los gremios del personal universitario se reunieron este lunes con representantes del Ejecutivo, pero aseguraron que no recibieron una propuesta de mejora salarial, por lo que volverán a marchar este miércoles, reportó Ámbito Financiero.
La oferta del Gobierno fue de un 6,8 % de aumento, muy por debajo de lo reclamado por el sector, que señala que sufrió una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 55 %.
¿Alumnos inventados?
Un día antes de la masiva marcha federal universitaria, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, también cuestionó la cantidad de alumnos inscriptos que efectivamente están estudiando. Según Adorni, un 38,4 % de los estudiantes anotados «no se sabe a ciencia cierta si van a clase o si no lo hacen», y acusa que algunos van solo para «hacer política».
«No es justo que una familia, bajo la línea de pobreza, subsidie a los que solo van, por ejemplo, a hacer política a las universidades y no a buscar el fin último que es el de educarse», manifestó en una de sus habituales ruedas de prensa.
En sintonía, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, afirmó la semana pasada en Radio Rivadavia que hay aproximadamente 600.000 alumnos en universidades nacionales —incluída la Universidad de Buenos Aires (UBA)—, que no se sabe «si están inscriptos en alguna materia o no». Y acusó a los directivos de la entidades de «inventar alumnos» para recibir mayor presupuesto.
Desmentida
Las autoridades universitarias salieron a aclarar que las instituciones sí están sujetas a auditorías, aunque no se realizan anualmente ni todas a la vez. Los rectores aseguran que «todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto».
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) detallaron cómo se compone la asignación del presupuesto: «Los gastos de las universidades se componen en un 90 % en salarios (registrados) y un 10 % en gastos de funcionamiento».
En un comunicado sobre las «cinco mentiras y cinco verdades» del conflicto, el CIN apuntó que las universidades son «las entidades del sector público más controladas y auditadas», al punto que «lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la jefatura de Gabinete de la Nación».
Además, explicaron que los recursos que se le asignan a las universidades no dependen de la cantidad de alumnos, sino que «se actualizan según el último presupuesto consolidado». Los componentes que se tienen en cuenta son «salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología», indicaron.
Otro de los argumentos del oficialismo desechados por el CIN es el que afirma que los pobres «no van» a la universidad, por lo que su gratuidad no les beneficia, tal como afirma el diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert.
De acuerdo al Consejo, en la actualidad el 48,5 % de los 2 millones de estudiantes que integran el sistema universitario «están por debajo de la línea de pobreza», mientras que «casi siete de cada diez alumnos» proviene de familias que no fueron a la universidad.
Estudiantes extranjeros
Otro de los puntos que el Gobierno puso en debate es la cantidad de alumnos extranjeros que asisten a la educación pública superior. De acuerdo al diario La Nación, la Casa Rosada prepara la reglamentación de un capítulo de la ley Bases que dispone el arancelamiento de las universidades para personas nacidas en el exterior.
Según el Ministerio de Capital Humano, el «21,8 % de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema».
Esta cifra no se repite a nivel general en todas las carreras. De acuerdo a un informe oficial realizado en junio de 2023 por el Ministerio de Educación, en 2022 se registró un total de 122.769 estudiantes extranjeros en las universidades argentinas, lo que representa el 4,1 % del total de los estudiantes de pregrado y grado.
Quién debe auditar
En Argentina, la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, establece en su artículo 59 bis que las universidades nacionales estatales deben ser controladas externamente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y, a su vez, contar con mecanismos de auditoría interna.
La AGN ha realizado auditorías sobre universidades, pero su plan de trabajo depende de una Comisión Parlamentaria Mixta revisora de cuentas, que aprueba dónde serán las auditorías. Este año se están auditando seis universidades nacionales: Córdoba, Formosa, Jujuy, La Plata, Salta y el Nordeste.
Las auditorías internas sí se realizan periódicamente dentro de cada establecimiento, y sus resultados son publicadas o incluso reportadas a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende de Presidencia, aunque no en todos los casos.
La Sigen es otro organismo que audita la administración pública, al igual que la AGN, pero no tiene competencias sobre las universidades debido a que la ley de Educación protege su autonomía.
De hecho, en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, este organismo fue excluido de intervenir en el control de las casas de estudio a partir de un dictamen del exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, bajo el argumento de que se violaba la condición de autarquía.
Control oficial
A través de la ley de Presupuesto 2025, que presentó el presidente Milei a mediados de septiembre, el Gobierno busca poder auditar el envío de fondos a las universidades nacionales de forma regular.
El artículo 17, que fija el monto de los recursos para el año siguiente, aclara que las casas de altos estudios deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente de la Secretaría de Educación, «la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto».
Luego, señala que la Secretaría, a cargo del Ministerio de Capital Humano, «podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma».
